El contexto utiliza servicios web firmados digitalmente (con XML-DSIG, por ejemplo) para la interoperabilidad del gobierno electrónico entre bases de datos.
La idea es dar respaldo tanto al publicador de datos como al consumidor de datos: el publicador de datos recibe solicitudes firmadas, que garantizan la identidad del consumidor, la autenticidad de la solicitud y prohíben el rechazo. Lo mismo ocurre con la respuesta recibida por el consumidor de datos.
El problema es: ¿quién está firmando el servicio web y con qué valor legal? En mi país, solo las personas "naturales" tienen valor legal cuando firman digitalmente, y bajo el principio de poder leer el documento antes de firmarlo. Pero, obviamente, una persona "natural" no puede procesar y firmar todas las solicitudes, por lo que esta persona tiene que delegar la firma en el servidor, con el riesgo de robo de identidad que implica.
En este contexto, ¿cree que esta firma digital puede tener un valor legal? ¿Crees que algún gobierno responsable aceptará delegar su firma digital a un servidor? Y lo más importante: ¿qué esquema alternativo recomienda?